El papel de las comisiones de la verdad

Lobo Sosa recebe relatório da Comissão da Verdade

Joaquín Baldemar Alvarado

Es sabido que en América Latina las injusticias sociales, económicas y culturales en que históricamente han vivido nuestros pueblos y que han implicado exclusión e inequidad, son las causas fundamentales que han generado conflictos y la violación de los derechos humanos durante las dictaduras pasadas y presentes. La violencia existe porque no se cumplen los derechos básicos para vivir una vida digna y decorosa, con educación y salud. Los derechos humanos de grandes sectores de la sociedad siguen siendo violados en beneficio de los sectores oligárquicos que detentan el poder.
En varios de nuestros países y debido a la irregular situación de pobreza, explotación y miseria surgieron movimientos y procesos revolucionarios que registraron cientos de miles de víctimas a lo largo del continente, siendo necesario al concluir dichos conflictos nombrar Comisiones de la Verdad con el propósito de investigar, juzgar y sancionar a los actores directos de las violaciones a los derechos humanos.
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para contribuir a ayudar a las sociedades que han enfrentado crisis de violencia institucional, estas comisiones inducen a los actores a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas colectivos e individuales generados por la violación a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El trabajo de las Comisiones de la Verdad viabiliza la identificación de las estructuras del terror estatal, sus brazos ejecutores en las diferentes instancias de la sociedad, Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesias etc..) entre otros sectores involucrados en la problemática. Las investigación que realizan las Comisiones de la Verdad abren la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas y proponer políticas de reparación de daños, e impedir que aquellos que participaron en la violación de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de Derecho.
En Honduras con el reciente informe de la Comisión de la Verdad donde se establece tácitamente que en Honduras hubo un golpe de Estado es razón legal y absoluta para encausar a los que violaron la Constitución de la República ¿o acaso no es delito constitucional la violación a la Constitución? Luego procede legalmente encausar a los funcionarios judiciales, policiales y militares que cometieron los delitos de lesa humanidad contra ciudadanos que hicieron acopio del Articulo 3 de la Carta Magna, que manda a defender el orden constitucional y no obedecer a autoridades espurias surgidas del golpe de Estrado.
La Comisión de la Verdad nombrada por Lobo Sosa, nació con pecado original, fue nombrada por actores golpistas, de ahí que salen a luz medias verdades, advirtiéndose un manto o velo sutil que encubre a los verdaderos responsables del golpe de Estado, es necesario reconocer que recomienda castigo a los violadores de la constitución, pero no responsabiliza directamente a nadie.
También hay que mencionar que la difusión del informe brinda una contribución
en el despertar de la sociedad a una atroz realidad que se trató de ocultar por todos los medios y no se quiso reconocer en el momento debido. Este informe de la Comisión de la Verdad tritura la campaña mediática montada por los golpistas en el periodo de Micheletti Bain y contribuye a la toma de conciencia acerca de las violaciones a los derechos humanos, reviste importancia porque nos hace avanzar en la reconstrucción democrática y el estado de derecho, que debemos aclarar no se podrán alcanzar mientras persistan las persecuciones, encarcelamientos y asesinatos que siguen vigentes en Honduras.
En casi todos los casos de las Comisiones de la Verdad surgen otras Comisiones alternas, en el caso de Honduras se instituyó la Comisión de Verdad que solo con su nominación cuestiona la legalidad de la Comisión de la Verdad oficial. De ahí que el ex -Presidente Zelaya Rosales hiciera uso del derecho de no declarar ante una Comisión de la Verdad porque de antemano daba señales de ser un instrumento complementario inventado después del fracaso de los archí famosos acuerdos San José –Tegucigalpa –Guaymuras, para lavar el rostro de los golpistas participantes en las elecciones fraudulentas de Noviembre de 2009. De ahí que el gobierno de Lobo Soto aun cuando haya firmado los acuerdos de Cartagena de Indias sigue considerado por la mayoría del pueblo hondureño un gobierno puente del golpe de Estado, hoy con más razón por la flagrante violación a los mismos con el acto de detención arbitraria del Abogado Enrique Flores Lanza, ex -funcionario de Zelaya Rosales acogido en el acuerdo junto a otros colaboradores del ex -Presidente.
Otro aspecto importante es que ninguna amnistía debe ser reconocida para lograr impunidad, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas no pueden soslayar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento concebido y creado para investigar, juzgar y sancionar a los ejecutores de delitos de lesa humanidad.

(Com Los Necios)

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